Luego se procesará toda la información para constatar cuál es la situación de cada beneficiario y si cumplen o no con los requisitos para obtener el beneficio.
Finalmente, la ANDIS y el PAMI emitirán los dictámenes que determinarán si corresponde suspender o mantener la pensión.
El conflicto con las pensiones
En diciembre, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), anunció que dará de baja a casi 1800 beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNC IL) en la provincia de Chaco que estaban inscriptos al sistema en forma irregular o no cumplían con los requisitos.
“Siete de cada 10 pensiones por invalidez estaban mal otorgadas, no cumplían los requisitos o era fraudulentas”, dijo el vocero Manuel Adorni al anunciar la medida.
Durante diferentes operativos en las localidades chaqueñas de Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas, General San Martín, Presidente de la Plaza y Castelli, fueron citados un total de 2.689 beneficiarios, de los cuales 2344 (un 87.17%) asistieron a la convocatoria.
Entre los auditados, “únicamente 365 (el 13.58%) han resultado favorables; es decir que han cumplido con los requisitos para continuar recibiendo el beneficio”, mencionó el responsable de la comunicación presidencial.
Se detectaron 1796 (66.79%) beneficiarios que no cumplen con los requisitos necesarios para mantener el beneficio, por lo cual se los dará de baja. Hay 183 casos (un 6.81%) en proceso de fiscalización médica.
En julio, a través de una auditoría sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores, el organismo había detectado “una actividad fraudulenta a gran escala” con desvío de fondos estimados en US$3400 millones.
El Gobierno anunció entonces que pondría en marcha una auditoría total para determinar, dentro de un universo de 1.223.864 de beneficiarios de pensiones por invalidez, quiénes accedieron de manera irregular a dicho beneficio. Se sospecha que cerca de medio millón de pensiones serían “truchas”.
